En el marco de la semana de conmemoración de 25 de Mayo, miles de indígenas argentinos impulsaron una movilización que culminó el jueves 20 de mayo en Buenos Aires, con la participación de más de 15.000 personas en reclamo se una “Reparación Histórica”.
Los aborígenes salieron el 12 de mayo de Jujuy, Misiones y Neuquén bajo la consigna:”Caminando por la verdad, hacia un Estado plurinacional”. Atravesaron doce provincias hasta llegar a la Plaza de Mayo donde concluyeron con un acto y visitaron a la Presidenta de la Nación.
Con la presencia de comunidades de los pueblos Kolla, mapuche, qomtoba, diaguita, lule, huarpe, wichi, mocovi y guarani, la movilización tuvo por fin denunciar el “olvido” que sufren en vísperas del bicentenario patrio, y reclamar el “cumplimiento efectivo” de sus derechos.
Los grupos movilizados resaltaron que Argentina es Plurinacional y Pluricultural, con 30 pueblos indígenas preexistentes al Estado Nacional, y 20 idiomas ancestrales. También recordaron la represión religiosa, militar y gubernamental padecida a lo largo de la historia, al tiempo que afirmaron que continúan conservando sus vínculos con la naturaleza, practican la vida comunitaria e intentan sostener su cultura y formas de producción.
El pliego de reivindicaciones fue presentado bajo la denominación:”Pacto del Estado con los Pueblos originarios para la creación de un estado Pluricultural” y sus ejes principales son: la protección de la propiedad de la tierra, respeto por su cultura y educación, cuidado de la Madre Naturaleza y una reparación económica.
La marcha fue impulsada por la Confederación Mapuche de Neuquén; la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND), de Tucumán; la coordinadora de Organizaciones kollas Autónomas (Kollamarka de Salta) y el Consejo de Autoridades Indígenas, de Formosa. Además tuvo incidencia la organización Túpac Amaru, cuya referente nacional es Milagro Sala. A su vez acompañaron la movilización diferentes organizaciones de derechos humanos.
Reclamos:
*el reconocimiento de las lenguas indígenas como idioma oficial,
* creación de universidades y centros de estudio de formación indígena,
* reemplazar el 12 de octubre por fechas significativas de los pueblos originarios,
* protección efectiva de los glaciares,
* creación de un “Tribunal de Justicia climática” que controle las actividades extractivas que los desalojan y contaminan.
*derogar las leyes mineras de la década del 90, también se reclama
*el derecho a ser consultados sobre acciones que los involucran y el efectivo cumplimiento de las leyes que los asisten.
Respuesta oficial:
Representantes de los indígenas fueron recibidos en la sede de Gobierno por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a quien le entregaron el pacto conjuntamente elaborado, que refleja sus peticiones fundamentales.
En respuesta el gobierno presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que promueve un conjunto de medidas que apuntan al reconocimiento y cambio de la situación plantada por las comunidades.
En el Congreso
El 24 de mayo, organizaciones sociales, ambientales, medios comunitarios y fábricas recuperadas promovieron un espacio llamado “El Otro Bicentenario” frente al Congreso Nacional. Esta propuesta alternativa a la organizada por el gobierno proponía:”No festejar, sino reflexionar sobre las políticas coloniales del pasado y el presente”.
Participaron integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI Vía Campesina), el Frente Popular Darío Santillán y la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (Orcopo), entre otros. La jornada comenzó con un acampe el 24 y se realizaron talleres y proyecciones sobre las situaciones padecidas por las comunidades, así como también hubo relatos de las experiencias particulares de resistencia.
Reclamos culturales:
Entre el 22 y 25 de mayo tuvo lugar en Rosario el II Congreso de laS LenguaS, que convocó a más de mil personas en el Centro Cultural La Toma. Durante las jornadas de debate se reclamaron espacios de poder para los pueblos aborígenes, proponiendo específicamente que estas comunidades dejen de ser habladas y tomen su propia palabra en el Estado. La decisión fue elaborada por una mesa de trabajo en la que participaron representantes de comunidades originarias de diferentes regiones.
La consigna principal del debate fue “La descolonización de la democracia”. Los organizadores del encuentro auguraron que:”Hasta que la participación política dentro de las instituciones públicas de representación no esté garantizada siempre se estará hablando “en nombre de”, por lo que las leyes tienen que garantizar que a las cuestiones aborígenes las traten aborígenes”. Además se hizo hincapié en que “La realidad no es algo dado, y el discurso es la forma en que una determinada sociedad habla al mundo”.
“200 años de oscuridad”
Las principales demandas de los aborígenes pueden abarcarse bajo la falta de reconocimiento de su autonomía e identidad social durante los 200 años de historia, que han llevado a los perjuicios que hoy se reclaman, siendo clave la expropiación de sus terrenos como factor condicionante de su situación.
Desde los convocados se afirma que: “Durante 200 años de vida republicana nuestra diversidad cultural ha sido menospreciada, invisivilizada, ocultada…”. Agregándose que: “La deuda con los pueblos indígenas hace necesario comenzar con una reparación histórica.”
La movilización refleja la necesidad de los aborígenes de ser visibilizados ante el resto de la sociedad, de poner fin al reducto en el que han sido ubicados a lo largo de la historia, y ser respetados como una cultura y nación más, dentro de la sociedad argentina.
La convocatoria lleva a reflexionar sobe el lugar que las comunidades ancestrales han ocupado en la construcción colectiva, la visión que el resto de la población tiene sobre ellas, el accionar del Estado y los dirigentes, en síntesis emerge como fundamental analizar la ¿INTEGRACIÓN? de los aborígenes y el uso y abuso que sobre ellos han ejercido las gobiernos y sectores sociales respondiendo a intereses económicos particulares.
Los desalojos territoriales constituyen el factor clave de análisis que se transforma en una primera respuesta de la ubicación social de los indígenas.
Para conocer más profundamente tal situación y lograr una mirada más precisa se tomará como ejemplo a la comunidad Toba radicada en Rosario.
• Historia de los Tobas
La palabra Toba significa "frente", en alusión a la costumbre ancestral de los grupos Guaycurú de depilarse la cabellera frontal. Habitan desde hace siglos el territorio de Chaco.
Los Tobas constituyen comunidades rurales o urbanas con sus líderes naturales o comisiones vecinales cuyos miembros son elegidos colectivamente. Cuentan con leyes provinciales del aborigen en algunas provincias (Chaco, Formosa y Salta). En el Chaco eligen su representante por voto directo, para constituir el IDACH, Instituto del Aborigen Chaqueño, con la finalidad de dar cumplimiento a la ley, también participan, junto a los campesinos, en la Unión de Pequeños Productores Chaqueños.
En sus territorios cultivan pequeñas parcelas, son peones temporarios en los algodonales, obrajes, aserraderos, hornos de ladrillos y carbón, y en las ciudades donde migran son empleados municipales o comercializan sus artesanías realizadas en barro, de palo santo, tejidos de fibras vegetales, o las cambian por mercadería o ropa usada.
Sufrieron una gran aculturación, debido a la influencia del hombre blanco, sin embargo conservan su lengua Guaycurú, y sólo algunos de ellos hablan el español. Responden a un lenguaje puro al que llaman Moraxa. El bilingüismo es un verdadero problema para incluirse en la sociedad.
• Los Tobas en Rosario: La Necesidad de una Identidad.
Los Tobas migraron a la ciudad de Rosario, por consecuencia de la ausencia de trabajo en la provincia de Chaco. El proceso de industrialización trajo como resultado un gran desempleo, lo que sumado a las pésimas condiciones de vida, los obligó a tener que desarraigarse de sus tierras y migrar hacia una esperanza.
En una entrevista realizada a miembros de esta comunidad, el domingo 13 de junio del corriente, los aborígenes manifestaron que el Municipio de Rosario los ayuda en un 15 %, que carecen de una vivienda propia, empleo estable, y un sin numero de necesidades básicas. Cabe destacar que su reclamo esencial va más halla de estas necesidades de suma importancia, ya que solicitan un reconocimiento como cultura para poder obtener en otras cosas, su DNI. No se les permite utilizar su nombre en la lengua originaria al no tener traducción. Es decir, la imposición de los nombres, considerado como una de las consecuencias de la incorporación al mercado de trabajo, altera la identidad personal. Al tener que ejecutar gestiones en el Registro Civil de Resistencia, expresan su malestar por el cambio continuo de los nombres y redundadas inscripciones.
Enunciaron que esperan que con este trabajo de investigación no se los utilice como un instrumento de recopilación de datos, sino para hacer valer el rol social del periodista, y lograr que la sociedad tome conciencia y no los discrimine. Uno de los entrevistados aseguró sentirse perennemente rechazado por el trato de inferioridad al que se ve expuesto. Destacó la dificultad que implica traducir su lengua al castellano y comunicarse de manera más fluida con los demás.
Marco jurídico
• Marco legal internacional
Más de 300 millones de personas en 70 países pertenecen a poblaciones indígenas y han estado sometidas a la opresión. Desde 1982 se ha reunido el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones Indígenas para promover sus derechos llegando a la redacción de la "Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas". En la Cumbre para la Tierra de 1992 los indígenas expresaron sus preocupaciones ante el deterioro de sus tierras y del medio ambiente. La Asamblea General proclamó 1993 el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y la década de 1995-2004 como el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, Para fortalecer la cooperación internacional, el PNUD(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), UNICEF (Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la infancia), el FIDA (Fondo Internacional de desarrollo agrícola), la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura), el Banco Mundial y la OMS(Organización Mundial de la Salud) dirigen programas destinados a mejorar la salud y la alfabetización de los indígenas, así como para evitar el deterioro ambiental de las tierras nativas de estos grupos. Asimismo, el Consejo Económico y Social estableció en el 2000 el Foro Permanente para las Poblaciones Indígenas formado por 16 expertos cuyo objetivo es ayudar al ECOSOC (Consejo Económico y Social) a coordinar las actividades de la ONU y discutir temas relativos a las poblaciones indígenas tales como su desarrollo, la promoción de sus derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y su salud.
Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad; y no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad.
En la "Carta de las Naciones Unidas" se resuelve "reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas", además de buscar como uno de sus propósitos el de lograr "el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".
Asimismo, no sólo se han establecido códigos de derechos humanos, sino que también mecanismos para su promoción y protección, así como de asistencia para que los gobiernos asuman sus responsabilidades.
• Marco legal vigente en Argentina
En 1994 se reformó la Constitución Nacional, incorporando en su artículo 75 el siguiente mandato: "Corresponde al Congreso: 17. "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras, aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias podrán ejercer concurrentemente estas atribuciones".
En el orden nacional, entre 1984 y 1993 se promulgaron una serie de leyes "integrales" que tienen a los indígenas como destinatarios: la Ley Nacional 23.302 sancionada en 1985 y reglamentada en 1989, y las provinciales
Nº 426/84 de Formosa, Nº 6.373/86 de Salta ¬reformada en el 2000¬,
Nº 3.258/87 de Chaco, Nº 2.727/89 de Misiones, Nº 2.287/88 de Río Negro,
Nº 3.657/91 de Chubut y Nº 11.078/93 de Santa Fe.
La Ley Nacional 23.302 creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entidad descentralizada que actuará como organismo de aplicación de la política indigenista del Estado. Las leyes provinciales, por su parte, crearon organismos semejantes. Todas introducen una serie de medidas positivas tendientes a la "preservación, mejoramiento, promoción, respeto, desarrollo, y participación" de los ciudadanos indígenas.
En el orden internacional, en 1992, a través de la ley 24.071, Argentina adoptó el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el 2000, se ratificó el Convenio, que entró en vigencia el 3 de julio del 2001. En 1995 se aprobó, por ley 24.544, la Constitución del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (ONU). En 1997, la ley 24.874 adoptó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (ONU).
Consideradas en su conjunto, las leyes "indigenistas" parecen incorporar el reconocimiento de la diversidad cultural. Sin embargo no todas se aplican plenamente y, en ciertos casos, ni siquiera en forma parcial; incluso diversos acontecimientos ocurridos en el transcurso de los últimos años evidencian que el acceso de los indígenas a sus derechos depende muchas veces de un trámite administrativo o judicial previo.
Por otro lado, no son sólo las leyes las que se infligen a la hora de evaluar las condiciones en las que viven los pueblos indígenas, sino también una gran cantidad de derechos enunciados en la Constitución Nacional, desde el mismo Preámbulo, pasando por los artículos 8, 14, 14 bis, 16, 17, 19, 36, 37, 41, 42 y 46.
Mientras los demás ciudadanos disponen de varias dependencias estatales donde presentar sus reclamos, se supone que los indígenas deben hacerlo sólo en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La ley 23.302 establece la necesaria participación indígena en el INAI a través de representantes designados por sus comunidades. Sin embargo, esto nunca se implementó.
La situación actual del INAI sigue siendo ambigua; formalmente no tiene estructura ni autoridades y carece por completo de participación indígena, a pesar de lo cual en la práctica funciona como un organismo con capacidad para resolver todos y cualquier asunto relativo a los pueblos indígenas. Así, ejerce su representatividad en eventos y foros internacionales, media en conflictos entre aquellos y los Estados provinciales.
Se espera que implemente, en coordinación con los demás organismos oficiales, todas las políticas estatales que tienen como destinatarios a los indígenas. Uno de los mayores obstáculos que impide el desarrollo coherente del INAI, aun en la irregularidad en que se encuentra, es el reducido presupuesto con que cuenta.
Finalmente, el 19 de marzo de 2010 se presentó el proyecto de Ley de Reparación Histórica de los Pueblos Originarios Argentinos, cuyos puntos fundamentales son: propiedad colectiva de la tierra, financiamiento real por parte del Estado de actividades de desarrollo económico y cultural, reparación de la identidad, entre otros.
Conclusiones
Teniendo en cuenta todo el material presentado lo primero a afirmar es que ha lo largo de estos 200 años las comunidades aborígenes no han logrado ser reconocidas en su identidad por el resto de la sociedad. Más precisamente no han sido consideradas como parte del conjunto desde la etapa colonizadora hasta la constitución del Estado y los diferentes modelos de país que ha atravesado.
Como pudo verificarse si bien existen leyes y garantías constitucionales que hacen referencia directa a los derechos que gozan los indígenas, éstas han sido inflingidas total o parcialmente, dando cuenta no sólo de la inoperancia judicial sino también de la falta de decisión política de quienes deben aplicarlas y el desconocimiento y/o evasión de aquellos que deben cumplirlas.
En respuesta a la hipótesis formulada consideramos que la DESINFORMACIÒN sobre la realidad de los indígenas es clave en la no integración y exclusión que se manifiestan ya desde la formación básica, donde la instrucción cultural no sólo no tiene en cuenta la diversidad de los pueblos aborígenes sino que se los menciona como un grupo “inferior”, no civilizado, “desvalorizado” como comunidad, que necesitó ser educado, es decir, el indígena se ubica como previo a la constitución social, sin ser considerado parte de esa sociedad.
La visión del conjunto poblacional tiende a reivindicar como necesaria la colonización y despojo progresivo de sus tierras, siendo que la matanza y abandono a los que fueron y son sometidos deben entenderse como genocidio, a ser juzgado y condenado por la propia sociedad. No existe por tanto, CONCIENCIA SOCIAL, que lleve a un rechazo de las arbitrariedades cometidas a lo largo de la historia.
Muestra fiel de lo expresado es la impresión en el billete de cien pesos de la “Conquista al desierto”, como hacho destacable y conmemorable de la construcción nacional.
Por su parte, la tendencia a la homogeneización cultural producto del proceso de globalización mundial contribuye aún más a buscar lo igual y rechazar lo diferente, sin tener presente que la diferencia no es desigualdad.
Loa prejuicios y la discriminación, que es marginación, son características que definen la “relación” entre la sociedad y los pueblos originarios. No hay reconocimiento de las culturas aborígenes como partes de la cultura general, ya que está impuesta la visión de “el salvaje”, sin respeto por las particularidades y sin integración de las mismas.
También es importante resaltar que el incumplimiento de los derechos demandados responde directamente a intereses económicos privados, (compañías agrícolas, mineras, petroleras, turísticas) a los que los gobiernos dan prioridad.
La falta de políticas de inclusión es producto de intereses económicos-políticos que tiene por fin hacer vulnerables a las comunidades, en cuanto educación y condiciones de vida, de manera de poder “HACER USO” de las mismas según sus necesidades y carencias, para propósitos de dominación y manipulación. La marginalidad es la condición necesaria para poder “cotizarlos” y manejarlos sin mayor resistencia.
La movilización conjunta de diversos grupos indígenas es un grito más que necesario después del silencio a que la sociedad, ciudadanos y dirigentes, los ha condenado.
La integración aparece como el punto fundamental ante un conjunto social individualista y una cultura que ve a las extranjeras (europea y norteamericana), como superiores y desvaloriza a las nacionales, que se guía según intensiones de progreso económico-material, olvidando la organización de una sociedad que se nutra se lo diverso, se enriquezca de lo propio y fomente el reconocimiento de las demandas de los sectores más perjudicados, valorizando la identidad de cada cultura o grupo que habita el territorio nacional.
Las acciones recientes muestran la demanda de los indígenas de poder ser escuchados, de tener voz y discurso, condiciones fundamentales para la propia constitución.
El Estado y la sociedad deben respetar la capacidad que las comunidades tienen para decidir libremente que hacer con sus vidas y establecer, de acuerdo con ello las prioridades y metodologías que mejor convengan a sus necesidades.
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